El domingo asistí a una lección de política nacional muy
interesante, en concreto sobre el tema de las competencias. Estaba en una
prueba de descenso de mountain bike donde se utilizan camiones para remontar a
los corredores desde la meta hasta la salida. A veces se hacen en estaciones de
esquí con telesillas, pero cuando no, se tira del sistema “transporte de
ganado”. Lo lógico y legal sería subir las bicicletas en camiones y a los
corredores en autobuses o furgonetas, pero como son más de doscientos pilotos,
el coste se dispara mucho y lo hace inviable.
El caso es que en esta carrera el remonte era de escasos dos
kilómetros por una carretera local cerrada al tráfico, a la que se accedía tras
cruzar una carretera nacional con poco tráfico. Pero en eso llegó la benemérita,
la respetable y admirada benemérita, con todo su espíritu colaborador y detuvo
todo el dispositivo de remonte parando los camiones y evitando que subieran en
ellos los chavales. Hasta ahí estaban cumpliendo con la ley y evitando que
pudiera ocurrir un accidente de consecuencias fatales. Vale. Se cargaban la
carrera, pero cumplían con la legalidad. Vale.
Lo que me sorprendió fue lo ocurrido a continuación, cuando
vieron eso de que el remedio era peor que la enfermedad y que corrían el riesgo
de ser corridos a gorrazos por tanto descender “descerebrado”, sus familias,
sus camarillas y el público asistente; en ese momento pensaron que no podían
cargarse la prueba y machacar al organizador y a los participantes venidos de
toda España y tiraron del manual de “competencias”. El resultado fue que los
camiones podían seguir transportando amasijos de bicis con pilotos, siempre y
cuando no tocaran ni un centímetro de la carretera Nacional que era la única
que era competencia de los hombres de verde. Los camiones se llevaron al otro
lado de la carretera, se forzó a los corredores a bajar con el tráfico abierto
por las calles del pueblo y cruzar por sus medios la General, para después
subirse a los camiones y continuar su marcha por la carreterilla local. La
nueva propuesta era mucho más peligrosa, los ciclistas podían ser atropellados
o atropellar a alguien y el riesgo de los camiones continuaba exactamente
igual. Eso sí, el agente en cuestión había quedado liberado de cualquier
responsabilidad, que en el fondo era lo único que le importaba, mucho más que
la seguridad, los seguros o la propia integridad de las personas.
Fue un ejercicio ejemplar del funcionamiento del sistema de
competencias y de esta sociedad judicializada. Yo sólo acerté a murmurar, como
decía Forges: ¡País!
Y la policía local, que tiene las competencias dentro del casco urbano, y probablemente en la carreterilla esa, no hizo uso de sus competencias? Que raro, con lo facil que lo tenían para tocarse las pelotas entre cuerpos y fuerzas de seguridad... El problema no son las competencias, son los incompetentes.
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